Por Javier Márquez
El pasado 28 de abril comenzaron en Colombia las movilizaciones del paro nacional convocado luego de conocerse el carácter regresivo de la Reforma Tributaria que el gobierno del presidente Iván Duque proponía con el fin de financiar el Estado en tiempos de pandemia.
La respuesta del presidente Iván Duque fue inmediatamente agresiva con los manifestantes. Desde el primer día de las movilizaciones se reportaron un gran número de heridos, dos muertos y varios desaparecidos. Sin embargo, estos hechos no detuvieron el interés popular de seguir protestando y en los días siguientes fue anunciada la caída de la Reforma Tributaria junto a la renuncia del Ministro de Hacienda.
Pero los motivos del paro nacional van más allá de la reforma debido a que el Gobierno adelantaba paralelamente reformas a la salud y a las pensiones. Por ese motivo la ciudadanía siguió marchando, manifestándose en su inmensa mayoría pacíficamente y reclamando por cambios en el modelo económico. Todo esto en pleno tercer pico de la pandemia, que sólo deja al descubierto que el pueblo colombiano entiende que las medidas corruptas y el modelo económico que protege a un sector minoritario de la población son mucho más peligrosos que el Covid-19.
La primera respuesta del gobierno nacional fue retar a los manifestantes no respondiendo a las reclamaciones del paro y no llamando a una mesa de diálogo y negociación, y por el contrario incrementó su represión criminal. En pocos días ya suman más de 30 personas asesinadas por la fuerza pública, 1271 casos de agresión reportados, 665 privaciones de la libertad, 63 agresiones contra defensores de Derechos Humanos (DDHH), periodistas y personal médico, 101 casos de desaparición vigentes, 104 casos de tortura o casos crueles, 56 casos de judicialización y 18 casos de militarización, datos del Proceso Social de Garantías.
También el mundo empezó a ver cómo la fuerza pública disparaba a los manifestantes, cómo policías sin identificación arrestaban y herían con armas a los jóvenes. Cómo las madres lloraban sobre los cuerpos muertos de sus hijos en las calles. El gobierno alcanzó a redactar incluso un Decreto de Conmoción Interior que le daría facultades casi dictatoriales sobre el control del Estado. Pocos días después la Minga Indígena fue atacada en complicidad con la fuerza pública en la ciudad de Cali por supuestos civiles que son sospechosos de ser paramilitares.
Poco a poco la iglesia Anabautista en Colombia empezó a pronunciarse públicamente y a encontrarse para marchar apoyando el Paro y exigiendo por el respeto a los derechos humanos.
También recientemente el autor de este artículo tuvo informe de que el Ejército Nacional comenzó a reclutar forzosamente a jóvenes en los barrios populares, actuando directamente irregular y en contra de la Ley. Después de muchas denuncias corroboradas con otras organizaciones de DDHH y con la Fundación Menonita Justapaz, hemos confirmado que es algo sistemático y que comenzó a suceder cuando el presidente Iván Duque sacó al ejército para enfrentar al paro. Pensamos que es una represalia en contra de los jóvenes que marchan y que apoyan el Proceso de Paz que este gobierno ha querido destruir. Inmediatamente hemos acudido a ayudar el caso de un joven retenido y que se declaró como objetor de Conciencia, por medio de medidas jurídicas y denuncias públicas.
El pasado 9 de mayo la presidenta de la Iglesia Menonita de Colombia, Yalile Caballero comunicó que fue citada a la Oficina de Asuntos Religiosos por el Gobierno Nacional. Contó con tristeza lo desconcertante que había sido la reunión donde acudieron los presidentes de las diferentes convenciones religiosas de Colombia. Yalile informó que en primer momento no le permitieron hablar y también que quienes sí hablaron ninguno fue contundente con las denuncias.
También contó que las iglesias allí recalcaron la importancia de legitimar el actuar del Estado, incluso agradecieron por ser invitados, recalcaron la importancia de recuperar la autoridad y al final dieron un regalo y un versículo “entre bombos y platillos” al presidente.
“Desconcierta ver cómo nos siguen manipulando (sobre las iglesias)” expresó la presidenta de la Iglesia Menonita de Colombia. Pero también contó que hacia el final tomó la palabra para denunciar la violencia del Estado en el marco de las protestas y que la IMCOL estaba de acuerdo con el paro nacional.
También denunció que en la reunión el Gobierno Nacional leyó un comunicado donde informaba al país que los sectores religiosos estaban con el Gobierno Nacional, cuando la verdad es que de esa reunión no se trabajó nada conjunto.
“Como representante de la Iglesia Menonita denuncié (…), nosotros estamos llamados a señalar la injusticia como injusticia, y a exigir al Estado que se responsabilice por la necesidad de los pobres” Yalile Caballero, Presidenta de la IMCOL.
